CUSTODIA PATERNA: Hijos contra padres

sábado, 3 de marzo de 2012

Hijos contra padres

Sábado, 3 de Marzo, 2012

Una adolescente de 16 años de Jaén denuncia a su padre por haberla castigado sin salir de casa. El progenitor fue puesto en libertad horas después de su detención

Castigada sin salir. Esta frase se pronuncia con total impunidad en infinidad de hogares. Sin embargo, pocos padres podrían pensar que estarían cometiendo un delito al ponerla en práctica. Según informa «El diario de Jaén», los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero en la localidad de Úbeda, cuando una menor de 16 años presentó una denuncia contra sus padres, que se encuentran en trámites de separación y viven en diferentes municipios. Por motivos que se desconocen, el padre de la joven decidió que no podía salir de su chalé. Por ello, la menor se puso en contacto con la Guardia Civil para denunciar la situación. Así, los agentes estimaron que el padre estaba atentando contra el deber familiar de proteger a la menor. Y la madre, pese a no vivir en el domicilio –de hecho la menor había pasado con anterioridad unos días en su casa de Baeza–, fue considerada colaboradora al no oponerse al castigo,
¿Conclusión? Que el progenitor fue detenido. Con todo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Úbeda decretó libertad para el padre, aunque se está investigando si incurrió en un delito de detención ilegal. De hecho, fuentes judiciales confirmaron a Ep que se la ha imputado este delito en la fase inicial del proceso. Con todo, ahora «hay que constatar, mediante la investigación del juzgado, que los hechos se corresponden con los que la Guardia Civil ha denunciado». No en vano, no se descarta que el caso sea finalmente archivado.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, estimó ayer que «las Fuerzas de Seguridad han seguido el protocolo que se sigue habitualmente» y, por tanto, la menor está acogida en un centro de la Junta andaluza. También señaló que, siguiendo el protocolo, se está en conversaciones con los progenitores para «determinar si la menor se encuentra en una situación de desamparo o no, teniendo en cuenta que es menor de edad».

¿Malos tratos?
El testimonio recabado por este periódico de fuentes cercanas al caso y de varios vecinos apunta a que la menor habría denunciado malos tratos en la comisaría, porque, aseguraba, habría recibido una paliza. Sin embargo, afirman, más que un castigo, lo que pretendía el padre era «ayudar a su hija, que está atravesando una situación complicada». Y, consecuentemente, «la joven se puso en contra de sus padres».
En todo caso, ¿cabe hablar de secuestro ante un castigo familiar? «Evidentemente que no», asegura a este diario José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional. «Por supuesto que ha habido casos de padres que han tenido a sus hijos enclaustrados y encerrados, pero en ningún caso se puede confundir eso con la patria potestad de los padres», asegura.
Para el magistrado, casos «en los que un castigo familiar es confundido con un maltrato o incluso con un secuestro», tienen su origen en un punto concreto: «La supresión en el Código Civil, por parte de la anterior mayoría parlamentaria, del poder de corrección de los padres, que está llevando a este tipo de equívocos». ¿Conclusión? Que se producen casos que «atentan contra el sentido común».

De casa al juzgado
«Se están judicializando cada vez más los conflictos familiares: hijos que denuncian a padres y padres que denuncian a hijos», asegura Federico Jiménez, juez decano de Sevilla. Así, «mientras los padres se ven amenazados por los hijos, éstos denuncian los excesos de sus progenitores», añade.
Independientemente de este caso, Valentín Martínez-Otero, doctor en Psicología y Pedagogía, considera que «se está produciendo una crisis de autoridad». «Desde pequeños», explica, «se va inculcando a nuestros menores la idea de que tienen muchos derechos, pero no deberes». Por ello, en cuanto se produce cualquier suceso que les contraría, «encuentran ocasión para reivindicar los que consideran sus derechos».
Una crisis de autoridad, asegura el psicólogo, «que acontece en la familia y que se extiende a la escuela». Algo «preocupante», pues la situación puede traducirse tanto en «indefensión parental como en indefensión docente». «Cuando se llama la atención levemente a los menores, ya se vive como si fuera un maltrato. Esto está sucediendo», asegura. Por ello, Martínez-Otero recomienda a los padres que la autoridad, «que no autoritarismo», se ejerza con unas normas razonables «basadas en la reflexión con el hijo o alumno sobre la falta cometida».

Más casos
«Cada vez recibimos más casos en los que los hijos han perdido el respeto a los padres», dice la psicóloga Marta Martín Cardeña. Sobre todo en esa franja de edad que va de los 14 a los 17 años. «Vienen a consulta con su propia idea de la justicia, repitiendo constantemente cuáles son sus ‘‘derechos’’», añade. Algo que puede ser favorecido «por aquellos padres que quieren ir de ‘‘colegas’’ de sus hijos y demuestran una tremenda falta de límites».
Respetando la decisión final de los jueces sobre el caso, desde el sindicato de profesores ANPE, su portavoz en Jaén, Roberto Sánchez, entiende que, por un lado, «la Justicia podría dar la sensación de que no valora mucho la autoridad, pero por otro también podría haber ocurrido que el padre se hubiera excedido en su autoridad».
En todo caso, cree que hay alternativas al margen de la detención policial. «Se podría haber hecho a estos padres una llamada de atención o advertencia, más aún hoy, con la permisividad que hay en torno a ciertos movimientos juveniles». No en vano, «no se puede pedir responsabilidades para unos y no para otros».

Al juzgado por la paga
Los conflictos entre padres e hijos llegan hasta límites insospechados. El año pasado una universitaria de Lugo denunció a sus padres porque no le subían la paga mensual para «vivir dignamente». El juez dio la razón a los padres y la joven recurrió la sentencia, pero el juez volvió a dar la razón a los progenitores. A la joven no le parecía suficiente que sus padres le pagasen el piso compartido con otras compañeras universitarias y los 600 euros mensuales para afrontar sus gastos diarios. Pedía que le subieran la paga a 800 euros, aunque para ello tuviera que llevar a sus padres a los tribunales.