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martes, 23 de junio de 2009

Sobre la hija de Miguel Angel Salgado Pimentel






El diario El Mundo participa de forma bochornosa en la supuesta proteccion de una menor, en una crtica subyacente a una decision judicial que aleja a la niña de la familia de la asesisna de su padre. Se antoja la comparacion con los niños sustraidos en la dictadura argentina ¿Se pretende dejar bajo la custodia del padrastro y pareja de la asesina de su padre a esta niña? Perdemos el horizonte.





JUSTICIA LOS DERECHOS DE UNA NIÑA
LA PARTICIÓN DE MARÍA
María es hija de la letrada Martín Pozo, en la cárcel por contratar presuntamente a un matón que asesinó a su esposo y padre de la niña. El Caso se hizo famoso al interceptarse una llamada en la que la inductora pedía asesoramiento directo a la presidenta del Tribunal Constitucional. Mientras se celebra el juicio, María también está «presa» en un hogar de acogida aunque podría vivir con su hermano y su padrastro o con sus abuelos

ELENA PITA

Un violín espera a María en su casa. Un violín, un hermano que va a cumplir tres años y una familia desesperada, seca ya de tanto llorarla. María vive recluida desde hace 11 meses en un hogar de acogida de menores porque a su madre se le acusa de haber encargado el asesinato de su ex marido, padre biológico de la niña, ocho años tiernos y la inocencia truncada. Su familia aúlla ya en silencio el dolor de la impotencia, María no quiere hablar de esto.

María es hija de la letrada María Dolores Martín Pozo, que cumple prisión preventiva desde marzo de 2008, después de que Eloy Sánchez Barba, guardaespaldas de Ana Obregón, confesara haber organizado el asesinato del ex marido de la abogada y la señalara a ella como inductora del homicidio. A raíz de esto, la niña vive en un hogar de acogida bajo tutela judicial, a la espera de que los tribunales decidan a quién corresponde su guarda y custodia: familia materna o paterna. El caso había saltado anteriormente a la luz pública cuando se interceptó una conversación donde la letrada Martín Pozo pedía consejo a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, sobre cómo recuperar la custodia de su hija, que el juzgado le había retirado el mismo día en que su ex marido falleció, tiroteado en el garaje de su casa.

24 de julio de 2008. Son las cuatro de la tarde, María juega en su cuarto y unos señores llaman a la puerta. «Se lo tuve que decir: sabes que el juez manda, y te tienes que ir con ellos», rememora Carlos San Juan, novio de la madre y padre de su hermanito, papá Carlos, como ella dice. Sobran los detalles de cómo fue la separación. Permaneció cuatro semanas seguidas recluida sin el más mínimo contacto con su mundo, un mundo que a la psicóloga encargada de fundamentar la decisión judicial se le había antojado cerrado. .

UN VACÍO INEXPLICABLE

María era, y es, una niña muy querida por sus compañeros en el colegio Gredos San Diego, donde destacaba por sus excelentes notas y su afinidad a la música y el baile. Ella y sus amiguitas habían formado «un grupo entrañable al que las profesoras se referían como Las Marujas, que amenizaba las fiestas con las canciones y bailes de moda», cuentan las mamás del cole.

Ese mismo año habían disfrutado de un campamento colegial en la sierra de Gredos, y su madre ya buscaba para ella un programa de verano de esos que prometen una inmersión en la lengua inglesa y que sobre todo divierten a los niños en el campo mientras la canícula arrasa la ciudad.

Los compañeros de María no entienden por qué ya no está, sus mamás no saben qué decirles. María no habla, no cuenta de su vida en el hogar de acogida a donde fue trasladada después de dos meses en el centro de tutela; los fines de semana que le dejan ver a su hermanito, a sus abuelos, tíos, papá Carlos, demás familia, no quiere que nadie le recuerde la pesadilla. El hogar ocupa un bajo con rejas en Valdebernardo, periferia de Madrid, y en él conviven varios menores y algún adolescente, vigilados de cerca por un equipo de educadores.

Tampoco hace preguntas, María. «Cuando la ves jugando con los vecinos o sus amigos del colegio (fin de semana de permiso) parece que está normal, pero al llegar la noche, se derrumba: "Papá (a Carlos), cuando estoy en clase muchas veces tengo ganas de llorar"».

María parece haber olvidado su afición a la música, y sus notas fueron por primera vez malas en los dos trimestres pasados, aunque ahora ha vuelto a aprobar, lo que para los psicólogos significa adaptación; sí, pero también mucha tristeza, trastornos del sueño, vómitos y ansiedad. Los estudios realizados a la pequeña por sus actuales educadores informan de que «el brusco cambio la desestabiliza y desorienta».

Los trabajadores sociales que se encargan de la niña incluso han llegado a comentar que no entienden por qué la retienen, y se atreven a hablar de una anormalidad, dando a entender que si su situación no estuviera intoxicada por el proceso penal que atañe a la madre, la niña estaría fuera. «Pero ellos mismos me han advertido de que la cosa puede ir para largo, que todo esto es muy lento, y que la niña va a estar uno o dos años más dentro», cuenta Carlos San Juan. La pequeña María continúa condenada en virtud de un mandamiento que parece decir: no amarás a tu madre.

Una semana había transcurrido apenas del asesinato del padre (marzo de 2007), un asunto turbio y aún no esclarecido, pero, sobre todo, no apto para la infancia, cuando el juez de oficio abre un proceso de desamparo para «determinar si la permanencia de la menor bajo la guarda materna puede constituir una situación de riesgo o peligro» para María, que, por entonces y desde que naciera, vivía con su madre, divorciados sus progenitores cuando el bebé cumplía 11 meses.

PROCESO ARCHIVADO

Además, el informe haría especial referencia a un posible «proceso alienatorio» hacia la familia paterna; es decir, que se intentara inculcar a la niña un sentimiento negativo hacia la familia de su difunto padre. Así pues, un perito psicólogo adscrito a dicho juzgado le practica a María el primero de un largo rosario de estudios analíticos, que concluía que la menor se había manifestado «bien orientada, muy comunicativa y en un estado de ánimo alegre», que no presentaba problema alguno de desarrollo y que, en definitiva, archivaba el proceso.

Añadía la conveniencia de establecer un régimen de visitas con los abuelos paternos al que la madre no sólo no se oponía, sino que recomendaba como beneficioso para su hija. Dos meses después, y a instancias de los abuelos paternos, se abre un proceso paralelo que busca de nuevo demostrar el desamparo, y que exige de entrada que la menor se someta a una terapia en un centro de psicología contratado por la Comunidad de Madrid.

Cuatro días acudió María a la supuesta terapia que consistió en la elaboración de un nuevo informe, firmado por una orientadora no colegiada como psicóloga, y que determinó, a bote pronto, que si bien la niña tiene un nivel de conocimiento y una capacidad de aprendizaje excelentes, ha desarrollado un peligroso sentimiento de culpa que la aísla en su soledad, que además es una niña que se sobreexige, muy insegura, y que padece mucha ansiedad y celos hacia su hermano. Y todo esto, añade, debido a que «vive en un contexto familiar cerrado y aislado, percibiendo el mundo de fuera como persecutorio».

Un año más tarde (mayo de 2008), la madre, María Dolores Martín Pozo, es detenida como presunta inductora del asesinato del padre de la niña. Y es entonces cuando el juzgado exige una ampliación de aquel último informe sobre María, buscando tal vez justificar lo que iba a dictaminar. Y así, la psicóloga al cargo del gabinete, sin estudiar previamente a María, añade a lo dicho un año antes por su empleada que «la niña percibe de forma inversa las figuras paterna y materna, de modo que no espera de la madre protección y ternura, sino normas y cuidados materiales», ya que «el afecto de la madre se diluye en la excesiva exigencia y control».

ENAJENAR A LA NIÑA

Resuelve enajenar a la niña de su familia y su entorno, y procurarle «un espacio neutral» en algún centro de tutela de menores. Madrid, 11 de julio de 2008. El día 23, el juez dicta un auto para el internamiento de la menor en un centro de acogida. Al día siguiente se la llevan. No obstante, el auto exigía a la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid que hiciera un seguimiento de la menor y que en el plazo de tres meses se pronunciara sobre la pertinencia de la medida, y que en caso de no considerarla pertinente estableciera con quién debe estar acogida, familia materna o paterna.

Sin respuesta, a fecha de hoy: la comisión aún no ha informado y todo indica que la situación se prolongará al menos más allá del verano; para María, un verano sin su hermano, sin sus juegos, su piscina.

La familia de la madre ejerce todas las presiones a su alcance para que el caso se revise. Y así es que interpone un recurso basado en la ley 92.5 del Código Civil según la cual, en casos de ruptura de la pareja prevalecerá la unión de los hijos: «¡Taaaata!», grita el hermanito cada vez que el coche de papá Carlos se acerca al centro comercial donde recogen a la pequeña los viernes de permiso.

Como consecuencia del recurso, el juzgado de nuevo ordenó un peritaje de la menor en el hogar de acogida, y allá fueron «tres señoras», contó María: «Que "me preguntaron con quién quiero ir de vacaciones. Y yo les dije que con mi hermano, claro». El informe resultante de aquella visita insiste que «a la niña se le cuida bien en el hogar» y que allí «se queda», y que ya después el cielo la juzgue. Desestimado el recurso.

Seguramente se estarán preguntando lo mismo: ¿si María tiene dos familias que la quieren y la reclaman (materna y paterna), por qué la retienen bajo tutela oficial? «La Justicia en este caso pierde su argumentación con el paso de los días», declara Carlos San Juan; «si su situación psicológica no mejora será porque: a) no están haciendo bien su trabajo, o b) su decisión o su método no es el correcto. ¿Cuánto tiempo va a necesitar la Justicia y sus psicólogos para que la situación de la niña mejore y pueda volver con su familia? ¿O acaso pretenden retenerla sine die en un hogar de acogida?».

Todo esto se pregunta, le pregunta a unos jueces que le han amonestado por permitir que María le llame papá Carlos. Gritos sordos de impotencia, porque en éste y tantos otros casos, fundamentados en un supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP), llave maestra pergeñada por la Asociación de Padres Separados, y sin embargo no reconocida por los colegios oficiales de psiquiatras y psicólogos de este país, todo lo que hagas y digas pesará en tu contra como factor alienante. Y los niños son las víctimas.

La primera vez que María pudo ver y tocar a su mamá en la cárcel de Alcalá-Meco, donde cumple prisión preventiva, entre abrazos y lágrimas le decía: «Mamá, ¿por qué no me metes en esa bolsa y me quedo aquí contigo?». Me lo cuenta María Dolores Pozo a través del cristal del locutorio, tarde de visitas. Pasan dos horas juntas cada cinco sábados, y la niña no entiende por qué: «¿Por qué no puedo venir más a verte?», le dice a la madre...

«Aunque sea entre cristales». Aquellos cristales del locutorio que la niña ve en la antesala de su vis à vis, con las presas bajando ora el gaznate ora la oreja hacia el transmisor para dejarse oír y poder oír la voz que las visita en tarde de sábado.

INFORMES POSITIVOS

Los informes de estas visitas hablan de una comunicación muy emocional, del mucho amor que une a madre e hija, de la extrema corrección y complicidad de ambas: «(...)la niña vuelve a abrazarla y besarla, esta escena espontánea se repite varias veces a lo largo de la visita (...) siempre aparece un abrazo, beso o caricia por parte de alguna de ellas hacia la otra (...)». Pero nada, dos horas cada 35 días y una carta semanal.

Otro sábado, no hace mucho, al salir del presidio, donde habían coincidido, María intentó convencer a papá Carlos para que la dejara montarse en su coche, junto al hermanito, en lugar de tener que regresar al hogar; y papá Carlos: «María, sabes que no puede ser». Llantos. Pero María lo sabe, para ello ha madurado a marchas forzadas: ha de hacer lo que el juez diga. Y el juez ha rechazado la apelación que solicitaba unir a los menores por encima de todo, y no insta a la Comisión de Tutela para que revise la pertinencia del internamiento de María. Así que María, continúa en preventiva.

A la familia sólo le queda el recurso al Tribunal Supremo, y en ello están, en la lentitud de los juzgados y la impotencia de los días.



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TRES TIROS Y UN JUICIO PENDIENTE

María Dolores Martín Pozo, 38 años, abogada, y Miguel Ángel Salgado, informático, se casaron en 1998. Un mes después de que naciera María, en 2001, la pareja se separó e inició un divorcio traumático. Por dos veces, en 2002 y 2003, ella lo denunció a él por abusos sexuales sobre su propia hija. [A un padre encausado por agresión sexual se le retira inmediatamente la custodia]. La sentencia de divorcio decía que Dolores había obstaculizado los contactos entre la niña y el padre y que los supuestos abusos sexuales habían quedado desacreditados. Le otorgaba, además, la custodia a Miguel Ángel. Éste nunca leyó la sentencia. Iban a dársela el 15 de marzo de 2007, pero el día antes un desconocido lo abordó en su casa en Ciempozuelos (Madrid) y lo asesinó descerrajándole tres tiros. El equipo de la Guardia Civil que investigó el caso sospechó enseguida de Dolores y le pinchó el teléfono. Un año después, las escuchas condujeron a la detención de la abogada como supuesta inductora del asesinato y a tres hombres a los que habría contratado como sicarios. El asunto llegó a salpicar a la presidenta del Constitucional, María Emilias Casas, cuando se supo que ésta había llamado a Dolores para hablar de su caso a petición de un conocido común. El juez encargado de decidir el futuro de la pequeña, Juan Pablo González del Pozo, acordó su ingreso en un centro de acogida. El magistrado llegó a pedir amparo al CGPJ por la supuesta campaña de descrédito que el entorno de Dolores había emprendido contra él por su decisión sobre la niña. / A.M.O.
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2009/626/1245535212.html

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